La Ley de Amparo fue convertida en escudo de impunidad; ahora preserva su naturaleza protectora de derechos, pero se excluyen supuestos específicos para hacer prevalecer el interés social y el orden público, afirma la Senadora

Debido a que al paso de las décadas la figura del amparo se desnaturalizó en su esencia, a tal grado que fue convertido en un escudo de impunidad, la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera se pronunció este miércoles a favor de las reformas a la Ley que regula esta figura jurídica, al asegurar que tal y como se encontraba era utilizado para dilatar la justicia, para obstaculizar políticas públicas o incluso para blindar intereses económicos de unos cuantos en perjuicio de la mayoría de las y los mexicanos.

La legisladora tlaxcalteca apoyó la iniciativa presentada al Senado de la República por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que ésta representa un esfuerzo honesto y decidido por devolver al amparo su sentido más profundo. La reforma, dijo, puede resumirse en cinco palabras: certeza, eficacia, modernización, celeridad y bien común.

Y es que, explicó, el juicio de amparo que en su momento fue orgullo del ingenio nacional y fuente de inspiración para instrumentos internacionales y extranjeros, quedó rezagado en las últimas décadas en el panorama comparado, no solo por anacronismos o deficiencias técnicas en su contenido normativo, sino también, y de manera más grave, por su manipulación con fines ajenos a su esencia que lo convirtieron en un escudo de impunidad frente a graves afectaciones al interés nacional.

“Durante décadas observamos cómo esta noble figura se desnaturalizó, se utilizó para dilatar la justicia, para obstaculizar políticas públicas o incluso para blindar intereses económicos de unos cuantos en perjuicio de la mayoría. Eso no es justicia, sino su distorsión”, sostuvo.

Ana Lilia Rivera subrayó que con las reformas a la Ley de Amparo, se precisan los alcances del interés legítimo, se asegura su eficacia como mecanismo para la protección de colectividades e intereses difusos, y otorga certeza y seguridad tanto a juzgadores como a justiciables, de acuerdo con el reconocimiento jurisprudencial que se ha consolidado en los últimos años.

Asimismo, destacó que se establecen reglas más claras en materia de suspensión; se preserva su naturaleza protectora de derechos, pero se excluyen supuestos específicos en los que debe prevalecer el interés social y el orden público; y a través de nuevos supuestos, acotados y precisos, se asegura un equilibrio entre la tutela particular y el interés general, además de que se fortalece la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos internacionales y se evitan abusos que durante años vaciaron de sentido a la suspensión.

“La reforma también fortalece la justicia digital, permitiendo que en una era de interconexión las y los ciudadanos tengan acceso más ágil, cercano y menos costoso a la justicia. No se trata solo de incorporar tecnología, sino de dignificar la impartición de justicia y de romper las barreras geográficas y sociales que han limitado históricamente el acceso al amparo”, apuntó.

Otro aspecto medular, precisó, es la celeridad procesal, pues ya se establecen plazos razonables y claros que antes no existían, lo que evitará que los juicios de amparo se vuelvan interminables, respondiendo con ello a una de las principales exigencias ciudadanas, bajo un principio universal que siempre debe recordarse, y que es justicia tardía es justicia denegada.

Además, aseguró que en materia fiscal y administrativa, la reforma cierra la puerta a prácticas dilatorias que durante años impidieron la recaudación de recursos indispensables para que el Estado cumpliera su función social.

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